En horas de la tarde del martes 14 de noviembre, se dio a conocer la resolución de la acción de protección planteada por la Defensoría del Pueblo en el marco de la tarifa de pasajes en Santo Domingo. La resolución fue a favor, es decir, los usuarios deberán cancelar la tarifa completa de $0,30 y $0,15 la preferencial. Uno de los argumentos fue que la única entidad encargada de fijar un nuevo pasaje es el concejo municipal, algo que no ha sido aún aprobado por el pleno. Lenín Sánchez, defensor provincial del Pueblo, expuso en rueda de prensa que los controles por parte de la Empresa Pública Municipal de Transporte deben ser inmediatos y obligatorios.

El sector del transporte urbano no se ha pronunciado al respecto, sin embargo se emitió un comunicado en el que se expresaba que acogerán la tarifa de 0,30 y 0,15 centavos de manera momentánea, y que el pasaje gratuito para los estudiantes quedaba anulado. 

Óscar Salcedo, miembro del directorio de la Empresa Pública Municipal de Transporte, explica que dentro del mismo, no conocen de informes con sanciones aplicadas anteriormente a unidades que cobraron una tarifa no aprobada, por lo que ahora tras esta sentencia anunció que los controles deben ser más rigurosos, aunque considera que la omisión de la institución es una negligencia por parte de la gerencia.

Sánchez por su parte señaló que existe un perjuicio económico a la ciudadanía que supera el millón y medio de dólares por el cobro de un pasaje que no estaba aprobado en 75 días, por lo que la institución pública deberá plantear algún mecanismo de reparación a los usuarios del servicio de transporte.

A la par, el sector del transporte urbano ha planteado una acción de protección para exigir que el concejo municipal agilice el tratamiento de los pasajes en el pleno, una resolución que se espera para finales de este mes.