Rubén Moreira es el padre de “Brigithe”. Una menor que fue abusada sexualmente por su vecino cuando tenía 10 años. Hace 3 años se dieron cuenta del suceso que venía ocurriendo durante un año. Lo denunciaron, la policía detuvo al agresor pero luego de unos meses, fue puesto en libertad por orden de un Juez, a pesar de haber sido aprehendido en delito flagrante. Luego de todo este proceso, recién esta semana, por orden de la Fiscalía, la niña de ahora 13 años, recibió su primera terapia psicológica en el Patronato Municipal.

Ana Vera, miembro de la Red de Mujeres de Santo Domingo de los Tsáchilas, explica que casos como estos, son repetitivos en la provincia por la falta de personal judicial. Esta lentitud en despachar causas por más urgentes que resulten, perjudica a los menores vulnerados que caen en un proceso de revictimización por la misma impunidad luego de una violación.

En la Junta Cantonal de Protección de Derechos de Santo Domingo, de enero al 08 de noviembre del 2023, se registran 900 casos de vulneración de derechos a menores, de estos, el 40% corresponde a abusos sexuales en distintos entornos como las escuelas, casas, entre otros. Una vez que se detecta el caso, este órgano tiene la potestad de dictar medidas urgentes para proteger la integridad de la víctima.

Según la Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador, Santo Domingo es una de las ciudades con mayor índice de casos de violencia sexual contra menores de edad. Se estima que las violaciones incrementaron de 1 a 4 desde el 2017 a 2022, en sucesos que incluyen a niñas menores de 11 años.