Este martes 16 de junio se conoció que el Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) destituyó a tres jueces del Tribunal de Garantías Penales de Santo Domingo de los Tsáchilas. Los magistrados fueron sancionados por incurrir en un error inexcusable al sancionar a una persona por secuestro simple, pese a que la Fiscalía lo acusó por secuestro extorsivo. De esta forma se afectó a la víctima, según la entidad. El Colegio de Abogados de Santo Domingo de los Tsáchilas se reunió para discutir el tema y respaldaron la medida.

Este gremio también está discutiendo la aprobación del polémico artículo que se aprobó en la ley para el mal uso de los uniformes de la fuerza pública, donde se faculta a la Contraloría General del Estado destruir información clasificada como reservada o confidencial en un plazo máximo de 30 días tras concluir investigaciones o análisis internos.

Otra normativa que genera análisis es la ley antimafias, que busca dotar al Estado de herramientas jurídicas para desarticular el crimen organizado.

Sobre esta ley la Defensoría del Pueblo presentó observaciones, actualmente en análisis legislativo, con propuestas orientadas a fortalecer su aplicación. Los grupos de la oposición y defensa de derechos han anunciado que presentarán demandas de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional.