Los integrantes del Consorcio MÍO evalúan las acciones que han tomado sus dirigentes con respecto al costoso equipamiento que instalaron en las unidades de transporte urbano para la implementación del Sistema Integrado de Recaudo (SIR) y Sistema de Ayuda a la Exploración (SAE), ahora que una jueza ordenó retirar los torniquetes porque vulnera los derechos de las personas con discapacidad y de los usuarios. Algunos socios son choferes, mientras que otros viajan en los buses  y conocen la realidad que viven día a día en las unidades. Al consultarles sobre el tema, se mostraron preocupados, ya que según exponen, las decisiones han sido tomadas por la dirigencia, muchas veces sin considerar a las bases.

El concejal Mario Pazmiño, quien antes de ser autoridad fue un alto dirigente de la compañía Ejecuttrans, una de las 3 empresa integrantes del Consorcio, explicó que instalar el software y hardware costó alrededor de 8500 dólares por cada unidad. Ahora deben retirar los torniquetes valorados en aproximadamente unos $700 cada uno, y deben destinar alrededor de $50 para sacarlos. Señaló que la eliminación de los elementos no altera para nada la ordenanza que está vigente para la implementación del sistema SIR y SAE.

Según dieron a conocer los dirigentes del Consorcio, al momento han viajado a Brasil, donde consiguieron la tecnología instalada para solventar el nuevo problema que les ha representado la decisión judicial de retirar los torniquetes. Pazmiño cree que buscan el reemplazo de los elementos.

Este ambiente de incertidumbre se vive en este grupo de transportistas de Santo Domingo, mientras en las unidades los pasajeros piden el retiro de las barreras  lo más pronto posible ya que desde este martes corre el plazo de 30 días para hacerlo.

Todo esto sucede en un contexto en que las 5 empresas de la transportación urbana de la ciudad aún no logran ponerse de acuerdo para que funcione una sola tarjeta y se efectivice el pago del pasaje de manera electrónica.