Desde este martes 10 de junio corre el plazo de 30 días para que los transportistas pertenecientes al consorcio MÍO retiren los torniquetes. Ese fue el tiempo que le dio la jueza Susana Sotomayor en su sentencia dentro de la acción de protección otorgada al concejal Julio César Calero, Liliana Silva y las personas con discapacidad que presentaron la demanda constitucional.

Los accionantes advirtieron de las consecuencias a los dirigentes que integran al consorcio MÍO, que reúne a más de 250 unidades de buses urbanos en Santo Domingo.

La concejal Liliana Silva anunció además que presentará una nueva acción de protección para reducir la tarifa de 39 centavos. Según ella, no se está cumpliendo la ordenanza para su implementación, no se ha mejorado el servicio y sobre todo, la elevación del pasaje no se realizó mediante ordenanza.

Las personas con discapacidad representadas por Cristian Arana se mostraron satisfechas con la decisión de la autoridad judicial el pasado 5 de junio.

Así mismo, se mostraron críticos con las autoridades de la empresa Pública Municipal de Transporte de Santo Domingo.

Desde que se dictó la sentencia, los dirigentes del Consorcio MÍO han decidido no pronunciarse. Según afirmaron se encuentran fuera del país. El retiro de los torniquetes se debe efectuar, independientemente de los recursos de apelación que hayan presentado los representantes del gremio, y además deberán pedir disculpas públicas a la ciudadanía.