Este jueves 21 de noviembre se cumplió un año desde que el Concejo Municipal de Santo Domingo aprobó el alza de la tarifa de buses urbanos y la del taxismo. Sin embargo, hay que recordar que las 5 operadoras de los buses antes de la aprobación habían tomado la decisión arbitraria de cobrar el pasaje a $0,39 y $0,19 sin estar autorizado. Incluso, desde la Empresa Pública Municipal de Transporte de la localidad, se afirmaba que se sancionaba a las unidades por exigir ese valor. Esto abrió una batalla entre los pasajeros y los choferes de los buses por el cobro de la tarifa normal. Cuando se autorizó el actual pasaje, los ediles dieron un plazo de 180 días para que los buses urbanos instalen el sistema SIR y SAE, pero eso no se cumplió.

El municipio de Santo Domingo le entregó recursos públicos (5 millones de dólares) a este sector de la transportación, esto llamó la atención de la concejal Liliana Silva, y por eso acudió a la Contraloría General del Estado a pedir que se investigue un posible caso de peculado. A los transportistas esto no les preocupa, porque han cumplido con la instalación del sistema SIR y SAE, que fue una de las razones de la entrega del dinero, según el gerente general del Consorcio Mio Miguel Guamám. Este mecanismo funcionará con una tarjeta para movilizar a los usuarios.

La Contraloría debe emitir un informe final, el documento está en manos de la Unidad de Predeterminación, la cual tiene un plazo para determinar si hay responsabilidades civiles y penales. En enero debería salir la resolución, expuso el abogado Marcelo Rivera.

Hasta ahora, hay muchas expectativas de la decisión que tome la Contraloría, aunque los transportistas aseguran que ellos no serían vinculados en caso de encontrarse responsabilidades.