El pasado 06 de septiembre, la concejal Liliana Silva entregó una denuncia a la Contraloría General del Estado, en la que exponía la no entrega de documentación solicitada a la Empresa Pública Municipal de Transporte sobre la compensación entregada a las operadoras de bus urbano en Santo Domingo, una cifra que se pagó hasta agosto de este año y que bordea los 5 millones de dólares. Además de ello, solicitó la realización de un examen especial a la entidad municipal para determinar si existía o no afectación al patrimonio del estado. Con fecha 27 de septiembre, la Contraloría respondió señalando que los hechos denunciados serán analizados en un examen especial con cargo al Plan Anual de Control 2024. Stalin Naranjo, exasesor jurídico de la Contraloría General del Estado, explica que este proceso podría tomar entre varios meses hasta años en poder tener una resolución definitiva.

Naranjo añade que a través de este examen especial se determinarán si existieron afectaciones o no, y de haberlas, podría significar sanciones. Sobre todo en la compensación económica a la transportación urbana.

En ese sentido, la concejal Liliana Silva, señaló que estarán a la expectativa de las resoluciones que tome el órgano regulador frente a esta situación.

Una vez que la Contraloría incluya este pedido en el Plan Anual de Control, se activarán los mecanismos pertinentes para la investigación respectiva. Lo que implica que ya no habrá marcha atrás. Sobre este tema, la Empresa Pública Municipal de Transporte no ha emitido ningún pronunciamiento hasta el momento.