El Consejo de la Judicatura resolvió eliminar las unidades especializadas en delitos de corrupción y crimen organizado y redistribuir sus causas entre otros jueces penales. La medida generó cuestionamientos sobre las facultades del organismo para modificar la estructura judicial mediante una resolución. Manuel Guartán, expresidente de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador, considera necesario determinar si la Judicatura tenía competencia para hacerlo o si se requería una reforma legal aprobada por la Asamblea Nacional.

Guartán advierte que el traslado de cientos de causas podría generar riesgos procesales si no se establecen mecanismos adecuados para garantizar la continuidad de los procesos. Entre los aspectos que, a su criterio, deben analizarse están los posibles conflictos de competencia, retrasos o afectaciones al principio del juez competente.

Desde el ámbito político, el analista Líber Andrade considera que la decisión de trasladar a la Comisión de Justicia la fiscalización sobre la eliminación de estas unidades abre un nuevo escenario dentro de la Asamblea Nacional. El cambio también debe analizarse, en medio de las diferencias entre las fuerzas políticas y de los cuestionamientos que existen alrededor del Consejo de la Judicatura.

Para Andrade, la controversia va más allá de una reorganización de la Función Judicial y plantea un debate sobre el control político de una institución sensible. En medio de los cuestionamientos a la presidenta de la Judicatura, Mercedes Caicedo, señala que será necesario observar si las decisiones de la Asamblea responden a una reorganización institucional o terminan profundizando la disputa política por el control de las instituciones del Estado.

La controversia deja así una discusión de fondo: dónde termina la facultad de reorganizar la administración de justicia y dónde comienza el riesgo de afectar su independencia. Mientras la Asamblea define el alcance de la fiscalización, la atención estará puesta en las decisiones que se adopten y en cómo estas podrían incidir en el funcionamiento de la justicia y la continuidad de los procesos por corrupción y crimen organizado.