Las cámaras de videovigilancia instaladas de manera irregular en Santo Domingo preocupan a las autoridades, debido a que algunas serían utilizadas por grupos de delincuencia organizada para monitorear los movimientos de las fuerzas del orden. Estos dispositivos no estaban conectados al ECU 911 ni contaban con los permisos correspondientes. El intendente señaló que este tipo de cámaras ha sido identificado principalmente en zonas consideradas conflictivas y que, en algunos casos, podrían estar siendo utilizadas para alertar a los GDO sobre la presencia y los operativos de la Policía y las Fuerzas Armadas.

Ante esta situación, el retiro de estos equipos es considerado una medida para recuperar espacios públicos y fortalecer la seguridad. Eduardo Navas, jefe del Centro Operativo Local del ECU 911, explicó que las cámaras privadas que se instalen con fines de vigilancia y que busquen integrarse al sistema público deben contar con la autorización correspondiente.

Hasta la fecha, mediante operativos coordinados con el ECU 911, se han desinstalado más de 1.000 cámaras. Navas aseguró que quienes puedan justificar la procedencia y el uso de estos equipos tendrán un plazo determinado para iniciar el proceso de recuperación.

A partir de esta situación, las autoridades consideran necesario establecer una regulación para la instalación de cámaras en postes y otros espacios públicos del cantón. El concejal Julio César Calero señaló que ya existió una propuesta relacionada con este tema, pero no llegó a concretarse, por lo que considera importante retomarla para establecer controles y apoyar el trabajo de las instituciones de seguridad.

La regulación buscaría establecer quién puede instalar cámaras en espacios públicos, bajo qué condiciones y de qué manera estos equipos podrían integrarse al sistema de seguridad del ECU 911.