Mediante un comunicado, diez clínicas dializadoras del país, entre ellas Socihemod de Santo Domingo, exhortaron al Gobierno Central a cancelar los haberes pendientes que superan los 50 millones de dólares. La deuda, que se arrastra desde hace dos años, ha dificultado la prestación de un servicio eficaz a más de 5 mil pacientes derivados por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y el Ministerio de Salud Pública (MSP).

 Los pacientes renales expresaron su preocupación ante la posibilidad de ser trasladados a clínicas de otras provincias, lo que implicaría viajes de riesgo para su salud. Al tiempo que exigieron al Ejecutivo cumplir con los pagos para evitar un colapso en la atención.

A esta problemática se suma la advertencia de los transportistas, quienes aseguran que el gasto en combustible se ha triplicado tras la eliminación del subsidio al diésel. Según explicaron, cada tanqueada de los buses pasó de 12 a 32 dólares, lo que podría encarecer los recorridos y afectar directamente a los usuarios que deben trasladarse para realizar sus terapias.

Por ahora, los pacientes descartan medidas de paralización. En medio de la incertidumbre, hacen un llamado urgente al Gobierno Central para que priorice el pago a las casas de salud y garantice su derecho a la vida.