El oficialismo impulsa la creación de una Asamblea Constituyente mediante una consulta popular. Sin embargo, analistas advierten que este no sería el momento adecuado, considerando la baja popularidad del Gobierno y la urgencia de atender áreas como la salud, educación y seguridad, frente al alto costo del proceso, estimado en más de 200 millones de dólares. Así lo señaló Ángel Gende, exasambleísta de Santo Domingo de los Tsáchilas, quien además cuestionó que al Ejecutivo le resulte más sencillo dialogar con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que con las organizaciones sociales del país, lo que refleja una frágil relación con los actores internos.

En esa misma línea, el analista político Ricardo Vera considera que la propuesta debe analizarse con cautela, ya que la viabilidad de una Constituyente dependerá del respaldo ciudadano. En la coyuntura actual, marcada por el descontento social y político, dicho apoyo parece poco probable.

Por su parte, Orlando Amores, gestor de la consulta popular, advierte que la elección de asambleístas constituyentes con el método D’Hondt podría reproducir el mismo escenario político: un Legislativo dominado por dos bloques principales: oficialismo y correísmo, sin consensos y con trabas para la gobernabilidad. Como alternativa, propone un Congreso Bicameral que permita superar la fragmentación política que atraviesa el país.

A todo esto, precisó que con un recurso de 60 millones de dólares, se pudo haber logrado más, en menos tiempo y con más alcance, y así, acabar con el problema de raíz. 

El costo de un proceso constituyente contempla tres etapas: la consulta popular para convocarlo, la elección de los asambleístas y el referéndum aprobatorio de una nueva Constitución. Según estimaciones, este procedimiento podría extenderse entre ocho meses y más de un año, dependiendo del dictamen de la Corte Constitucional y de la organización electoral que disponga el CNE. En conclusión, aunque el Gobierno presenta la Constituyente como una salida política, los especialistas coinciden en que el contexto de incertidumbre y las necesidades urgentes del país podrían restar viabilidad y legitimidad a este proyecto.