La Corte Constitucional del Ecuador emitió el miércoles 24 de septiembre de 2025 un dictamen favorable para la convocatoria a una consulta popular que busca la instalación de una Asamblea Constituyente, propuesta impulsada por el presidente Daniel Noboa. Con este aval, el Consejo Nacional Electoral (CNE) podrá incluir la consulta junto con el referendo previsto para el 16 de noviembre, en el que los ecuatorianos también decidirán sobre la autorización de bases militares extranjeras en el país y el financiamiento de partidos políticos.

La presidenta del CNE se pronunció en redes sociales confirmando la recepción del fallo y destacó que el dictamen permite al pueblo ecuatoriano expresarse sobre esta iniciativa. El constitucionalista Líber Andrade explicó que todo quedó en manos del CNE, entidad que resolvió unificar los procesos, modificar el calendario electoral y mantener tanto el presupuesto recientemente aprobado como la fecha del sufragio.

El texto que se planteará a los votantes señala:
¿Está usted de acuerdo en que se convoque e instale una Asamblea Constituyente, cuyos representantes sean elegidos por el pueblo ecuatoriano, de acuerdo con las reglas electorales previstas en el Estatuto Constituyente adjunto, para elaborar una nueva Constitución de la República, la cual entrará en vigencia únicamente si es aprobada posteriormente por las y los ecuatorianos en referéndum?

Andrade advirtió que, en caso de que triunfe el “sí”, la ciudadanía deberá acudir a varios procesos electorales adicionales.

Por su parte, el exasambleísta Carlos Samaniego cuestionó la rapidez con la que se tramitó la iniciativa y sostuvo que “el presidente obtuvo lo que quiso”, insinuando que pudo haber existido un acuerdo político entre la Corte y el Ejecutivo.

De acuerdo con el decreto, la Asamblea Constituyente estará integrada por 24 representantes nacionales, 6 en representación del exterior y 50 provinciales. Los escaños se asignarán bajo el método D’Hondt y la votación se realizará en plancha. El proceso electoral del 16 de noviembre tendrá un costo estimado de 60 millones de dólares, que serán cubiertos con recursos del Estado.