Las organizaciones sociales en Ecuador expresaron su inconformidad con la Ley de Integridad Pública que ya está vigente, porque plantea cambios en la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP). Esta normativa garantizaba la estabilidad laboral, derecho a la reubicación en caso de supresión de puestos y procedimientos justos para la destitución a través del art. 89 de la LOSEP que fue eliminado por el oficialismo. El Frente Unitario de Trabajadores considera que con ello se abre la puerta a despidos arbitrarios.

Los dirigentes alertan que la Ley de Integridad Pública violenta derechos fundamentales de los ecuatorianos. También se reformó el artículo 81 de la LOSEP, lo que según ellos eleva de 60 a 65 años la edad mínima para acceder a la jubilación voluntaria.

Afirman que peligran los derechos laborales de más de 600 mil funcionarios, lo cual representa más de 2 millones de familias afectadas. Critican al oficialismo de querer hacer estos cambios a costa de la seguridad ciudadana.

También se mostraron críticos con los cambios para el sistema de justicia, aumento de penas para adolescentes, entre otros. Es por eso que este lunes 30 de junio la Unión Nacional de Educadores presentará una demanda de inconstitucionalidad a la Ley de Integridad Pública. Así también en Santo Domingo de los Tsáchilas está programada una manifestación por parte de las organizaciones y comerciantes para protestar contra este reglamento y medidas tomadas en la localidad.