Este 23 de enero se cumple un mes desde que inició el proceso de catastro ciudadano para los usuarios del transporte urbano en Santo Domingo. Sin embargo, el avance del programa ha generado preocupación entre las autoridades y la ciudadanía, debido a la falta de organización en su implementación. En la sesión del concejo municipal del pasado 14 de enero, varios ediles expresaron inquietudes sobre el proceso liderado por las cooperativas Río Toachi y Rumiñahui, ya que estas no están entregando las tarjetas necesarias para el sistema de pago electrónico. En lugar de ello, únicamente están receptando los datos de los usuarios. Ante esta situación, el alcalde exhortó a las operadoras a cumplir con la Ordenanza Municipal, pero la concejal Liliana Silva aseguró que esta medida es insuficiente y pidió tomar acciones más firmes.

Por su parte, el jefe del centro de atención al usuario del consorcio MÍO, Jhon Guamán, informó que se han entregado unas 5.000 tarjetas de las aproximadamente 100.000 necesarias para cubrir la demanda de usuarios que utilizan el servicio de buses. Esto evidencia una falta de socialización adecuada del proceso, lo que ha contribuido al descontento generalizado.

El panorama se complica para los usuarios, quienes deberán adquirir dos tarjetas diferentes: una del consorcio MÍO, que agrupa a tres operadoras, y otra de las cooperativas Río Toachi y Rumiñahui. Actualmente, aquellos que ya disponen de tarjetas electrónicas están utilizando este medio de pago y realizando recargas, mientras otros enfrentan incertidumbre sobre cómo proceder.

La concejal Silva también mencionó la posibilidad de implementar una tercera plataforma financiada con recursos públicos para crear una tarjeta única. Sin embargo, advirtió que esta iniciativa podría ser considerada como peculado, ya que implicaría una inversión de fondos municipales en actividades privadas.