El 8 de noviembre, el Ministerio del Trabajo decidió suspender sin sueldo por cinco meses a la vicepresidenta Verónica Abad. El argumento para el sumario administrativo es que la Vicepresidenta debía trasladarse a Ankara (Turquía) por motivos de seguridad, donde debía estar el 1 de septiembre. Sin embargo, llegó cinco días después. La sanción coincide con el desarrollo de una audiencia en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), donde se desarrollaron las pruebas y alegatos por la denuncia por presunta violencia política de género contra Noboa y otros funcionarios del Gobierno, en las que Abad solicitó sanciones para el Presidente y miembros de su administración. Su abogado, Damián Armijos, asegura que esta acción busca proteger los derechos políticos de la vicepresidenta.

El exasambleísta Miguel Ángel Moreta señaló que esta suspensión podría permitir al presidente Noboa aplicar el artículo 150 de la Constitución, lo que facultaría nombrar a un ministro o ministra del gabinete para reemplazar a Abad. Sin embargo, este cambio solo sería posible si la resolución administrativa del Ministerio del Trabajo se mantiene firme, ya que la vicepresidenta aún puede presentar acciones de protección constitucional o impugnar la decisión ante el Ministerio del Trabajo.

La reacción política no se ha hecho esperar. El asambleísta Geovanny Benítez condenó la decisión y consideró que el conflicto entre el presidente y la vicepresidenta demanda la intervención del órgano legislativo.

Por su parte, la asesora presidencial Diana Jácome criticó en la red social X las acciones de Abad, afirmando que su intento de “destituir” al presidente Noboa no distraerá al gobierno de sus objetivos prioritarios.

La bancada de la Revolución Ciudadana también se pronunció, rechazando la sanción contra Abad y advirtiendo que constituye una “violación flagrante” de la Constitución, sentando un peligroso precedente para las autoridades electas en el país.

La suspensión de Verónica Abad se da en un contexto político tenso y podría influir en el escenario electoral a pocos meses de los comicios, mientras se espera una resolución definitiva sobre su situación y la respuesta de las autoridades competentes.