Los ecuatorianos acudieron a las urnas para expresar su voluntad popular. De las 11 preguntas planteadas por el gobierno central, la opción A que propone cambiar el rol de las Fuerzas Armadas obtuvo más del 70 % de respaldo ciudadano. Ahora el ejército deberá brindar apoyo a la Policía Nacional en la lucha contra el crimen organizado. Pero antes, la Asamblea Nacional deberá tratar los proyectos de Ley que deberán ser enviados por el ejecutivo para su posterior aprobación, explicó el abogado constitucionalista Líber Andrade.

La pregunta F que propone que las Fuerzas Armadas realicen controles permanentes de armas y municiones en corredores de los alrededores de los centros penitenciarios también fue aprobada por la ciudadanía en un porcentaje mayor al 70%. De igual manera en la pregunta J, decidieron aprobar con un apoyo que supera el 60% del voto popular. Con esto la fuerza pública tendrá las herramientas necesarias para combatir a la delincuencia, afirmó el militar en servicio pasivo Óscar Taipe. Son alrededor de 42 mil armas decomisadas y 500 mil municiones a nivel nacional que ahora las fuerzas del orden podrán controlar.

La Corte Constitucional de ahora en adelante jugará un papel fundamental en este nuevo proceso que atraviesa el país. Con los militares en las calles, el ejecutivo también tendría más control sobre los ciudadanos, lo que podría ser utilizado por los gobiernos de turno para imponer sus agendas políticas, explicó Andrade.

La Asamblea Nacional dentro de 60 días podrá aprobar o no los proyectos de ley, pero también esta función del Estado puede tardar hasta un año para realizar los cambios. Además, los ciudadanos deben estar atentos para que el legislativo no se atreva a cambiar el objeto de las preguntas. Es decir, apruebe proyectos de ley que no se asemejen a lo consultado en las urnas.