En el plan de gobierno presentado por el binomio presidencial de la alianza ADN listas 4-35, Daniel Noboa Azín y Verónica Abad Rojas, se propuso realizar una consulta popular para endurecer penas en el Código Orgánico Integral Penal y otras materias relacionadas con la seguridad ciudadana. Este plebiscito se haría en los 100 primeros días de gestión. Kléber Carrión, director de la Cámara de Comercio de Santo Domingo, señala que este es un mecanismo necesario para garantizar la gobernabilidad del mandatario.

El abogado constitucionalista Líber Andrade, considera lo mismo, pero sobre todo, en que es una herramienta trascendental en temas de seguridad, lo que permitirá incluso reestructurar las bases de las instituciones competentes para poder tener un mejor desempeño en la lucha contra el crimen organizado.

Carrión además añade que es totalmente realizable en el tiempo que se ha propuesto el presidente electo.

Mientras que Andrade acota que incluso podría considerar temas de reestructuración del estado tras una evaluación al desempeño de los 5 poderes del estado, pues cree que se debe retornar a 3 poderes esenciales, lo que implicaría cambios en la constitución.

Una vez que llegue a asumir el gobierno Daniel Noboa, deberá presentar su iniciativa a la Corte Constitucional para que emita un dictamen de constitucionalidad de las preguntas y los anexos, según señala el artículo 104 de la Constitución. De haber un fallo favorable al cuestionario, el CNE convocará en el plazo de 15 días a referéndum o consulta popular, que deberá efectuarse en el plazo de 60 días.