Según una estadística revelada recientemente por la Unidad Antisecuestros y Extorsiones de la Policía Nacional, los secuestros en Ecuador incrementaron en un 347% en lo que va del año, en relación al 2022. En Santo Domingo de los Tsáchilas, el aumento es también elevado, pero no cuantificable. Lenin Peralta, jefe subrogante de la Policía, explica que la falta de denuncia se ha convertido en una debilidad para la institución, que al no conocer en plenitud lo que ocurre dentro de la provincia, limita las acciones que puedan ejecutarse para combatir el delito.

Sin embargo, resalta que se han ejecutado operativos que han permitido capturar a delincuentes en delito flagrante, lo que se convierte en una fortaleza. Pero la ciudadanía no lo ve de esa manera. Este delito ha perjudicado inmensamente a la actividad económica, lo que se traduce en menos oportunidad laboral en Santo Domingo y que puede verse reflejada en mayor desocupación en los jóvenes que de una u otra forma pueden involucrarse en un grupo delictivo por necesidad de dinero. Kléber Carrión, director de la Cámara de Comercio de Santo Domingo, expone que esta situación se le salió de las manos a la policía, pero sobre todo al Estado. Afirma que la capacidad operativa de la delincuencia organizada en el país, rebasó a la de la institución policial.

A esto se suma la migración del delito. Ahora la delincuencia común tiene una mezcla con el narcotráfico, porque tiene mayor ganancia económica para los antisociales. La policía ha detectado que las tácticas de los delincuentes para obtener dinero ha escalado, como por ejemplo los secuestros extorsivos que antes eran direccionados y perfilados para ciertas víctimas, ahora se ha convertido en un delito de oportunidad.

La Cámara de Comercio estima que ya más del 70% de los comerciantes formales han sido víctimas de extorsiones. Tampoco se salva el transporte público. Algunas operadoras deben pagar dinero para llevar su servicio a ciertas zonas consideradas peligrosas así como para poder trabajar en horarios nocturnos. La ciudadanía confía menos en la administración de justicia y prefiere pagar dinero a los grupos delictivos para evitar ser víctimas, un recurso económico que fortalece su acción en cada territorio.