6 meses tendrá la Veduría Ciudadana para comprobar si hubo o no alguna irregularidad durante la aprobación de la resolución de 2022, que autorizaba la actualización de la tarifa del transporte urbano de 30 centavos a 39 el pasaje completo y la tarifa preferencial de 15 centavos a 19. Miguel Cuenca, coordinador de la Veeduría, enfatizó que se realizará el seguimiento, vigilancia y fiscalización de los procesos que ha ejecutado el GAD Municipal con la Empresa Pública Municipal de Transporte y luego se presentará un informe al Consejo de Participación Ciudadana.

11 puntos son los que solicita esta Veeduría a las dos entidades. Cristina Cedeño, coordinadora provincial del Consejo de Participación Ciudadana, enfatizó que en caso de requerir, podrían solicitar una extensión por el mismo tiempo.

Los veedores afirmaron que debido a la confianza en las autoridades no se investigó en su momento la compensación del precio en el pasaje, con el que se pagó a las operadoras de transporte alrededor de $5 millones de dólares durante los 12 meses que duró.

La Veeduría afirmó que el 28 de agosto se entregó el oficio solicitando información a las entidades involucradas, pero aún no reciben respuesta.