POLICÍAS Y MILITARES PUEDEN ACTUAR LEGÍTIMAMENTE EN SU LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA
Uso progresivo de la fuerza: La normativa fue trabajada entre los ministerios de Defensa, del Interior, Fuerzas Armadas, Policía, SNAI y Secretaría Jurídica de la Presidencia.
Desde este jueves 1 de junio, empezó a regir el reglamento para el uso legítimo de la fuerza, suscrito por el presidente Guillermo Lasso. Esta normativa ha sido interpretada como una herramienta que reafirma el respaldo a las Fuerzas Armadas y la Policía en su lucha contra la delincuencia común, la delincuencia organizada y el terrorismo, ya que define lo que significa la materialización del acto ilícito, explicó Miguel Orellana, Coronel en servicio pasivo de las Fuerzas Armadas.
El reglamento precisa disposiciones que estaban poco claras en la ley y profundiza en aspectos relevantes para la actuación de los policías, militares y agentes penitenciarios. El cuerpo normativo destaca por ejemplo temas como el del permiso y autorización para el porte y uso de medios entregados en dotación, de igual forma se dispone el ingreso a las cárceles en cualquier momento, cumpliendo los protocolos establecidos para el efecto.
Kléber Carrión, experto en temas de seguridad, cree que esta normativa es acertada para reducir el accionar de la delincuencia, pero considera que se debió incluir a otros uniformados que también son parte de la seguridad en una sociedad.
Este reglamento fue trabajado entre los ministerios de Defensa, del Interior, Fuerzas Armadas, Policía, SNAI y Secretaría Jurídica de la Presidencia. El jueves, los servidores policiales ya aplicaron el uso legítimo de la fuerza al neutralizar un robo a mano armada en Pascuales, uno de los sospechosos resultó herido y el otro murió. Cabe indicar que el reglamento puntualiza que los servidores de estas entidades que, en cumplimiento de su deber legal, causen lesión, daño o muerte a otra persona, no serán aprehendidos; ni podrán ser separados de la entidad y conservarán sus derechos laborales, mientras no exista una sentencia ejecutoriada que determine que existió uso ilegítimo o arbitrario de la fuerza.