La información sobre discapacidad ya no tendrá que constar obligatoriamente en la cédula de identidad. La Corte Constitucional declaró inconstitucional esta disposición al considerar que la exposición pública de este dato podía generar discriminación indirecta y estigmatización, especialmente en personas con discapacidad psicosocial. La decisión fue adoptada el 27 de agosto de 2026. Sin embargo, la medida genera cuestionamientos entre algunas personas con discapacidad. Federico Mora, presidente de la Fundación Somos Patria de Personas con Discapacidad, y Lorena Valencia, artesana del taller Val Mar Soluciones Integrales, ambos usuarios de silla de ruedas, consideran que retirar esta información podría dificultar el acceso a determinados beneficios y servicios.

La resolución establece que cada persona con discapacidad, o su representante legal, podrá decidir si esta información permanece visible en su documento. Además, se implementará un mecanismo alternativo y voluntario para acreditar la condición.

Quienes cuestionan la medida consideran que este cambio podría generar más trámites y convertirse en una barrera para acceder a beneficios y ejercer sus derechos.

La Corte estableció un plazo de seis meses, desde la publicación de la sentencia en el Registro Oficial, para desarrollar el reglamento. Mientras tanto, las personas que cuestionan la medida piden que el nuevo mecanismo no se convierta en otra barrera para acceder a sus derechos.