El Pleno del Consejo de la Judicatura aprobó la reestructuración del modelo de juzgamiento especializado en casos de corrupción y crimen organizado, en el marco de la declaratoria de emergencia de la Función Judicial. El proceso busca optimizar el sistema e incrementar la capacidad operativa, al pasar de 19 a más de 50 jueces habilitados para conocer estos casos a nivel nacional.

Liber Andrade, abogado, señaló que el aparato judicial se encuentra en una situación crítica, por lo que considera oportuna esta decisión. Recalcó que actualmente en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas se necesitan como mínimo 16 jueces en las diferentes dependencias, pues tan solo tres se encuentran atendiendo la demanda de casos, lo que genera retrasos en los procesos.

Andrade añadió que esta situación también se replica en el Tribunal de Garantías Penales, donde, para cubrir la demanda, se debe solicitar apoyo a provincias aledañas como Los Ríos. Calificó la problemática como grave y crítica. Además, señaló que algunos jueces han sido destituidos, mientras que otros han sido designados de manera temporal.

Desde el Pleno del Consejo de la Judicatura se señaló que estas acciones buscan atender la necesidad urgente de fortalecer la transparencia y la integridad del sistema judicial, en un contexto en el que varios juzgadores del antiguo esquema especializado resultaron involucrados en investigaciones por presuntos actos de corrupción y delincuencia organizada.