abril 24, 2026

LA CÁMARA DE INDUSTRIAS EXIGE REVISIÓN DE LA TARIFA DE LA BASURA

Los gremios productivos de Santo Domingo han manifestado su inquietud ante la reciente ordenza de la tasa de recolección de desechos sólidos. Francisco Aldeán, director comercial  de la Cámara de Industrias y Producción de la localidad, señaló que un análisis técnico realizado por el organismo evidenció importantes inconsistencias en la normativa. Según el estudio, la metodología de cálculo empleada no vincula las tarifas con la cantidad real de residuos generados. Además, los representantes del sector criticaron la falta de un proceso adecuado de socialización de las medidas y señalaron que varios sectores enfrentan incrementos desproporcionados en los cobros. Aunque las facturas aún no se han emitido, cálculos preliminares sugieren que los nuevos valores podrían ser significativamente más altos que los anteriormente registrados en las planillas de CNEL.

Ante esta situación, el gremio solicita la recategorización de las empresas industriales. De acuerdo con la información contenida en la ordenanza aprobada por el concejo municipal, 47 usuarios de este sector están obligados a pagar la tasa de recolección de desechos sólidos.

El sector empresarial afirman que han sostenido reuniones con la Empresa Pública Municipal de Construcciones, Vivienda y Aseo (EP-CONST) con el propósito de realizar revisiones técnicas exhaustivas que garanticen proporcionalidad, equidad y sostenibilidad en el servicio, pero el tema debería ser abordado por el concejo municipal para realizar las respectivas reformas.

Durante esta semana, el gremio industrial emitió un comunicado en el que destacó su preocupación por la falta de diferenciación en la clasificación según los niveles reales de generación de residuos. Según lo informado, la ordenanza no incluye incentivos para las empresas que implementan buenas prácticas ambientales y presenta una estructura que se asemeja más a un impuesto que a una tasa. En total, la normativa establece que más de 157 usuarios deberán contribuir bajo un esquema dividido en seis categorías, siendo la residencial el segmento más significativo dentro del sistema establecido.

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