La Asamblea Nacional está considerando una reforma a la Ley de Tránsito con el objetivo de fortalecer los controles y garantizar la seguridad. Como parte de este proceso, se aprobó un informe de fiscalización que propone devolver las competencias de matriculación vehicular a la Policía Nacional. Esta decisión responde a serias irregularidades y posibles infiltraciones del crimen organizado en las gestiones municipales relacionadas con la matriculación.

El exasambleísta señaló que centralizar estos procesos nuevamente podría no garantizar la agilidad que los usuarios necesitan. Según él, esta falta de eficiencia es lo que lleva a muchas personas a buscar los servicios de tramitadores.

Los problemas salieron a la luz tras las investigaciones del caso “Jaque”, que expusieron actos de corrupción. La ANT inició entonces un proceso de depuración y reapertura paulatina de oficinas, tras verificar el cumplimiento de las normativas operativas. Paralelamente, la Asamblea investiga posibles vínculos entre bandas delictivas y ciertas agencias municipales que facilitaban matriculaciones ilegales, el tránsito de vehículos robados y la venta de documentos falsificados. Samaniego recordó que este tipo de irregularidades no es nuevo y ya se han registrado en el pasado.

Además, destacó que devolver las competencias a una entidad centralizada impactaría directamente a los municipios y empresas públicas, que dejarían de percibir ingresos por dichos trámites. Por su parte, el alcalde de Santo Domingo, Wilson Erazo, defendió las mejoras implementadas en el cantón y aseguró que se respetan las normativas vigentes en materia de tránsito.

El debate sobre el manejo de las competencias de tránsito no es reciente. El Ministro del Interior ha insistido en la necesidad de retirar estas funciones de los municipios para delegarlas nuevamente a una entidad nacional centralizada. Actualmente, aunque la Ley otorga a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) la facultad sobre la matriculación vehicular, la Policía Nacional desarrolla operativos constantes para validar la legalidad de los documentos y asegurarse de que los vehículos no estén reportados como robados.