La aprobación de la ley de educación financiera en Ecuador, que busca aplicarse en todos los niveles educativos, ha generado cuestionamientos sobre su pertinencia y alcance real. Alexandra Moreano, experta en materia tributaria, advirtió que la normativa podría ser inconstitucional al vulnerar la autonomía de las universidades, señalando que la Asamblea estaría asumiendo competencias que no le corresponden dentro del sistema educativo.

Además, indicó que este tipo de reformas podrían generar conflictos en la estructura académica, al imponer contenidos sin un sustento claro ni coordinación con las instituciones de educación superior.

Por su parte, Gloria Toapanta, dirigente de la UNE en Santo Domingo, cuestionó el anuncio al asegurar que la educación financiera ya se viene aplicando desde el año anterior, por lo que considera irrelevante presentar esta medida como un nuevo avance.

También sostuvo que existen temas más urgentes que deben debatirse en la Asamblea.

Ambas coinciden en que la Ley, al no definir objetivos claros, corre el riesgo de quedarse en un planteamiento sin impacto real.