enero 9, 2026

SITUACIÓN DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

La continuidad de Mario Godoy al frente del Consejo de la Judicatura se encuentra en entredicho y bajo fuertes cuestionamientos por parte de distintos sectores del país. Colegios de abogados de varias provincias han expresado su rechazo a la gestión del funcionario y consideran que debe dejar el cargo, en medio de un escenario político y judicial marcado por denuncias de presuntas irregularidades. El Colegio de Abogados del Azuay, mediante un comunicado público, manifestó que Godoy debe salir de la Presidencia de la Judicatura y expresó su respaldo para que se inicie un juicio político en su contra, así como contra los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs). A esta postura se sumó el Colegio de Abogados de Santo Domingo de los Tsáchilas, cuyos integrantes también consideran que el titular del organismo judicial debe dar un paso al costado.

Ambos gremios han decidido respaldar al juez Juan Carlos Serrano, quien ha denunciado supuestas irregularidades dentro del sistema judicial ecuatoriano. Para los abogados, estas denuncias evidencian una profunda crisis institucional que requiere respuestas urgentes por parte de las autoridades competentes.

El abogado y exasambleísta Miguel Ángel Moreta coincidió en que el juicio político contra Godoy debería concretarse en la Asamblea Nacional. No obstante, señaló que existen intereses de fondo que estarían impidiendo que este proceso avance con la celeridad esperada.

Actualmente, el juicio político permanece pendiente en el Legislativo. Bancadas como la de Revolución Ciudadana impulsan iniciativas orientadas a la censura del presidente del Consejo de la Judicatura. Este jueves el Consejo de Administración de la Asamblea (CAL) requirió un informe técnico no vinculante, antes de tomar una decisión sobre el juicio político, en medio de un debate que continúa ganando respaldo en distintos sectores jurídicos del país. Paralelamente a este llamado de atención al representante del organismo judicial, los gremios de abogados consideran indispensable una depuración profunda del sistema de justicia, al que califican de estar “infestado de malos elementos”, con el fin de recuperar la confianza ciudadana y garantizar una administración de justicia transparente y eficiente.

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