El año 2026 arrancó en Ecuador con la declaratoria de un nuevo estado de excepción en nueve provincias del país, como respuesta al incremento de los niveles de violencia. La medida rige en Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas y Sucumbíos, según lo establecido por el Ejecutivo. El abogado Jorge Esteban Maldonado cuestionó la reiterada aplicación de este recurso constitucional por parte del presidente de la República, al considerar que su uso constante podría generar una falsa percepción de seguridad entre la ciudadanía, además de no lograr resultados estructurales en materia de seguridad.

En Santo Domingo de los Tsáchilas, la declaratoria se da en medio de varios hechos violentos registrados recientemente, entre ellos un atentado contra un establecimiento ubicado en el casco central de la ciudad. El estado de excepción también se extiende a los cantones La Maná, en la provincia de Cotopaxi, y Las Naves y Echeandía, en la provincia de Bolívar. La medida tendrá una vigencia de 60 días e incluye restricciones a derechos como la inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia. Así lo explicó el abogado Óscar Salcedo, quien precisó que durante este periodo las fuerzas del orden podrán ejecutar operativos especiales para prevenir, mitigar o neutralizar amenazas vinculadas a grupos armados organizados y estructuras de delincuencia organizada.

No obstante, Salcedo señaló que el estado de excepción debería ser un mecanismo previo y complementario a un plan integral de seguridad, algo que, a su criterio, no se estaría cumpliendo en la práctica.

De acuerdo con cifras oficiales, durante el año 2025 se registraron en Ecuador más de 9 000 muertes violentas, lo que representa un promedio superior a 50 homicidios por cada 100 mil habitantes, reflejando la gravedad de la crisis de seguridad que atraviesa el país.