Las declaraciones emitidas el pasado 16 de diciembre por la asambleísta de la Revolución Ciudadana, Viviana Veloz, han generado preocupación en el ámbito judicial de Santo Domingo de los Tsáchilas. La legisladora reveló  que en una conversación privada que habría mantenido con el gobernador de la provincia, Miguel Quezada, el funcionario presuntamente afirmó que existen jueces y fiscales corruptos en la jurisdicción, lo que explicaría que, de cerca de mil personas capturadas por el bloque de seguridad, únicamente el 5 % hayan sido procesadas.

Ante esta situación, Iván León, presidente de la Corte Provincial de Justicia, solicitó públicamente al gobernador que aclare dichas aseveraciones. Subrayó que, de existir actos irregulares dentro del sistema judicial, estos deben ser denunciados de manera formal para que se inicie el seguimiento y las investigaciones correspondientes.

Por su parte, Miguel Orellana, exgobernador de Santo Domingo de los Tsáchilas, señaló que los organismos de control deben actuar de forma coordinada para fortalecer la seguridad y brindar a la ciudadanía un escenario de mayor control y confianza institucional.

En tanto, la asambleísta Viviana Veloz pidió que, en un plazo de 10 días, el gobernador revele oficialmente los nombres de los jueces y fiscales que presuntamente estarían involucrados en actos de corrupción. Este medio solicitó un pronunciamiento del representante del Ejecutivo en la provincia, pero desde el área de comunicación indicaron que no hablarían sobre el tema.