El máximo órgano de control constitucional sigue actualmente en la mira de la opinión pública. Este organismo ha tomado decisiones que han provocado reacciones, pero que se enmarcan en el proceso de admisibilidad de las acciones públicas de inconstitucionalidad y de suspensión de normas que podrían afectar derechos fundamentales, según lo argumentó en su momento esta entidad en un comunicado. Pero esto no ha agradado al ejecutivo, quien ha presionado con marchas, además del legislativo, que han realizado declaraciones en su contra. Los juristas rechazan la presión por parte del ejecutivo a la Corte que tiene como función eminente y política de control constitucional. 

Los juristas se preguntan por qué el gobierno busca atacar al organismo que debe proteger los derechos de la ciudadanía. Argumentan que esto termina generando confusión en la ciudadanía. Este organismo debe tomar decisiones  trascendentales en los próximos días. 

Los analistas destacan que la Corte ha reaccionado de manera inteligente a las presiones del oficialismo desde el ejecutivo y legislativo. Incluso ha cedido a los pedidos como postergar fechas de audiencia para la defensa de las demandas de inconstitucionalidad de leyes como la de Solidaridad Nacional.