Este 4 de agosto, la Corte Constitucional del Ecuador suspendió de forma provisional 17 artículos contenidos en las Leyes Económicas Urgentes presentadas por el Gobierno y aprobadas previamente por la Asamblea Nacional. Los apartados cuestionados forman parte de la Ley de Integridad Pública, la Ley de Solidaridad y la Ley de Inteligencia. La decisión fue anunciada a través de un comunicado oficial en el que se detalla que los artículos suspendidos podrían afectar derechos fundamentales, lo que motivó la intervención del máximo organismo constitucional del país. Byron Enríquez, abogado constitucionalista, expresó su postura al respecto.

Por su parte, la ministra de Gobierno, Zaida Rovira, y el presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, expresaron su rechazo a la resolución de la Corte, destacando que la aprobación de estas leyes contó con la mayoría de votos legislativos. Además, cuestionaron la manera en que se comunicó la sentencia, señalando que generó incertidumbre política y jurídica.

La suspensión se dio luego de que la Unión Nacional de Educadores, la Federación Médica Ecuatoriana y la Asociación de Jueces, entre otras organizaciones, presentaran 23 demandas de inconstitucionalidad contra la normativa. Las agrupaciones argumentaron que algunos de los artículos afectaban la estabilidad laboral, la evaluación de funcionarios y otros derechos fundamentales de los trabajadores y servidores públicos.

Al tratarse de una decisión provisional, los expertos indican que el Gobierno deberá reformar los artículos suspendidos y presentarlos nuevamente ante la Asamblea Nacional para un nuevo proceso de aprobación, en concordancia con lo que establezca la Corte Constitucional en su dictamen definitivo.