Los transportistas urbanos del Consorcio MÍO siguen actuando sin cumplir con las normativas vigentes, y están cometiendo errores que no se justifican, al menos eso es lo que reflejó el informe de la Defensoría del Pueblo de Santo Domingo de los Tsáchilas. Ellos debían cumplir con una sentencia judicial que les daba un plazo de 15 días para pedir disculpas públicas a los grupos de atención prioritaria por la vulneración de derechos. Algo que no hicieron a tiempo, según el delegado de esta entidad en la provincia, Miguel Vázcones.

Así también se señaló que solo la compañía Trans Tsáchila ha retirado los torniquetes. Ejecuttrans y Transmetro no lo han hecho como lo ordenó la jueza Susana Sotomayor. Los dirigentes han señalado por varias ocasiones que el retiro de los elementos de algunas unidades es por mantenimiento, más no por la sentencia. Ellos se basan en el argumento de la apelación de la sentencia ante la corte provincial de justicia. Sin embargo, afirman que han solicitado capacitaciones al Consejo Cantonal para la Protección de Derechos como lo dispuso la autoridad judicial. Una acción que no debieron realizarla de esa manera, explicó Vásconez.

Para el asesor jurídico Marcelo Rivera, el informe de la Defensoría del Pueblo es clave, por lo que presentarán un escrito para que se sancione a los demandados por no cumplir con la sentencia, esto incluye pedir cárcel de 1 a 3 años.

Esta documentación se la prevé entregar la próxima semana. En cuanto a las disculpas públicas, en una revisión que se realizó a las redes sociales de las empresas demandadas, solo la compañía Transmetro hizo una publicación que indica que cumple con la sentencia, pero según la fecha del posteo, lo hizo el 15 de julio, cuando debió hacerlo en junio. Para conocer los motivos del incumplimiento de la orden procesal, desde el Consorcio MÍO se aseguró que esperan conocer la resolución del recurso de apelación en la Corte Provincial, y que la próxima semana convocarán una rueda de prensa para responder esta y otras inquietudes.