La mañana de este viernes 11 de julio, los integrantes de la Unión Nacional de Educadores (UNE) salieron a la calles de la ciudad de Quito para manifestarse y cumplir con la jornada de protesta que habían anunciado contra la Ley de Integridad Pública, por la cual presentaron en junio una demanda de inconstitucionalidad en la Corte Constitucional, la medida busca presionar al organismo a fallar a su favor.

Desde Santo Domingo de los Tsáchilas viajó una delegación para sumarse a la marcha. Milton Bustillos, coordinador de la UNE en la provincia, explicó que además de rechazar la ley, exigen que se declare en emergencia al sistema educativo, debido a carencias estructurales, presupuestarias y a la inseguridad.

Las protestas se mantienen pese a que la Asamblea Nacional aclaró que la edad de jubilación para los servidores públicos seguirá siendo a partir de los 60 años. El Legislativo reconoció que la modificación a ese artículo en la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP) fue un error y anunció que será revisada.

El malestar no es exclusivo del magisterio. Diversas organizaciones sociales han expresado su preocupación por la reciente aprobación de leyes como la Ley de Solidaridad Nacional, la Ley de Inteligencia y la de Integridad Pública, lo que ha motivado a otros gremios a planificar nuevas jornadas de protesta para la próxima semana.