Quito, 30 de junio de 2025. – Desde el Palacio de Carondelet, la vocera presidencial Carolina Jaramillo presentó el Plan “Nos Cuidamos”, una nueva política de Estado que busca enfrentar la violencia en entornos escolares y garantizar el derecho a la educación sin miedo.
Durante su intervención, Jaramillo señaló que el objetivo central del plan es restablecer la seguridad, el orden y la autoridad en las aulas, en respuesta al incremento de situaciones violentas que han puesto en riesgo a estudiantes y docentes.
“No queremos miedo en las aulas. Queremos autoridad, orden y garantía para educar en paz”, afirmó la vocera presidencial.
Entrada de la fuerza pública a planteles solo ante riesgo real
Una de las medidas más destacadas del plan es la posibilidad de que la fuerza pública ingrese a instituciones educativas, pero únicamente si existe un peligro real, cierto y justificado. Para ello, se emitirá un nuevo acuerdo ministerial que establecerá los parámetros bajo los cuales se permitirá esta intervención.
Seis acciones principales del Plan “Nos Cuidamos”
El plan contempla seis ejes de acción concretos para devolver la tranquilidad a los espacios escolares:
-
Reforma a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, para actualizar el marco legal frente a los desafíos actuales.
-
Emisión de un nuevo acuerdo ministerial que regule el ingreso de la fuerza pública a los planteles en casos de riesgo comprobado.
-
Creación del COE Educativo, un Comité Nacional de Emergencias para coordinar respuestas inmediatas ante incidentes escolares.
-
Revisión y actualización de protocolos de actuación frente a amenazas o hechos violentos dentro de instituciones educativas.
-
Coordinación interinstitucional con el Ministerio del Interior, la Fiscalía, la Asamblea Nacional, docentes y organizaciones de la sociedad civil.
-
Adecuación de horarios escolares en zonas de alta conflictividad, para garantizar un entorno más seguro para estudiantes y docentes.
Compromiso por una educación en paz
Con esta política, el Gobierno Nacional reafirma su compromiso de proteger a la comunidad educativa, asegurando que el derecho a la educación se ejerza en condiciones de seguridad y tranquilidad.
