El 5 de junio, la jueza Susana Sotomayor resolvió acoger la acción de protección presentada por el concejal de Santo Domingo, Julio César Calero, y a la cual se sumó la edil Liliana Silva, con lo cual ordenó el retiro de torniquetes en los buses urbanos. Esto ante la vulneración de derechos de los usuarios de transporte público, como fue el caso de personas con discapacidad, adultos mayores y otros grupos de atención prioritaria. Federico Mora, representante de la Fundación “Somos Patria”, indicó que es importante que se busque un sistema que beneficie a la ciudadanía con distintas discapacidades y se tome en consideración todas sus necesidades.

Las operadoras que conforman el Consorcio MIO, las cuales son Transmetro, Ejecuttrans y Trans Tsáchila tienen un plazo de 30 días para realizar el retiro de los dispositivos. Además, se dispuso 15 días para que los transportistas pidan disculpas públicas. La jueza también determinó que deberán recibir de forma obligatoria una capacitación sobre el buen trato a los pasajeros.

Para la ciudadanía esta medida es necesaria, ya que al momento de subirse a un bus con compras o con niños era complicado cruzar, debido al espacio reducido. Hasta se presentó un caso donde un menor de edad quedó atrapado en un torniquete.

Ante esta situación aún se espera un pronunciamiento por parte de los representantes de las operadoras de buses urbanos de Santo Domingo.