En 3 meses, desde que empezó el proceso del catastro o registro ciudadano en la transportación urbana de Santo Domingo, no lograron los objetivos planteados. El Consorcio MÍO, que une a las operadoras Ejecuttrans, Transmetro y Trans Tsáchila, alcanzó a catastrar solo al 20% de los más de 120 mil usuarios que se movilizan en buses en la ciudad. Este proceso se estancó y hasta marzo tenían que haber logrado por lo menos un 50%, según el vicepresidente del consorcio, George García.

El otro grupo de operadoras que son Río Toachi y El Gran General Rumiñahui, en cambio, asegura que avanzó hasta el 25%. Los centros de atención al usuario lucen vacíos. En condiciones similares se encuentran las negociaciones para establecer una tarjeta única. Los representantes de las 5 operadoras habían logrado cierto pacto. El presidente de Río Toachi, Eduardo Soto, recordó que el 7 de marzo de este año firmaron un acta con algunos acuerdos, pero indicó que a la semana siguiente el Consorcio MÍO dio marcha atrás.

Los transportistas culpan del estancamiento del catastro o registro de ciudadanos a las autoridades de Santo Domingo, porque según ellos, generaron cierta desconfianza en la población.

Ahora, el verdadero problema para la ciudadanía, aparte de las molestias que generan los torniquetes, llegará en el mes de abril cuando comiencen a entregar las 60 mil tarjetas que tiene  Río Toachi y El Gran General Rumiñahui. De este total, 29 mil serán para la tarifa normal, 25 mil para los estudiantes, 4 mil para los grupos prioritarios y mil  para las operadoras. El Consorcio MÍO ya ha entregado más de 20 mil. Con esto se pone en duda el sistema SIR y SAE, que es una recaudación electrónica mediante la cual los pasajeros deberán pagar la tarifa solo con tarjeta y no con dinero en efectivo.