La concejal de Santo Domingo, Diana Coloma, denunció en rueda de prensa que la orden emitida por el juez constitucional Luis Rodríguez Madrid no se ha cumplido. El magistrado había concedido un plazo de un año para que el Municipio presentara los estudios requeridos en la causa de Acción de Protección por vulneración de derechos. Sin embargo, hasta la fecha, el cabildo no había entregado la información solicitada, indicó Coloma.

El próximo 2 de abril se cumple el año de plazo estipulado por la autoridad judicial para la presentación de los estudios sobre el proyecto Mall Santo Domingo. Coloma aseguró que desde febrero ha solicitado información al juez sobre el avance del cumplimiento de la sentencia. En su declaración, la concejal también señaló que existe un terreno, adquirido con recursos públicos, que tuvo un costo superior a 1 millón 300 mil dólares. 

Por su parte, el presidente de la Federación de Comerciantes 3 de Julio manifestó que el incumplimiento de la sentencia es responsabilidad directa del Alcalde. Los comerciantes exigen la presentación del estudio de factibilidad, pues consideran que este es un paso clave para el desarrollo del proyecto y la transparencia en la administración de los recursos municipales.

La accionante manifestó su intención de acudir a la Corte Provincial para solicitar las sanciones correspondientes, las cuales podrían derivar en la destitución del alcalde por incumplimiento. Mientras tanto, en los terrenos destinados para la construcción del Mall Santo Domingo, ubicado entre las avenidas Rodrigo León Pesántez y Héctor Aguavil, ya se levanta una infraestructura de más de 10 metros de altura, y a medida que se acerca la fecha límite, crecen las expectativas en los comerciantes sobre la decisión que tomará el juez en caso de que el Municipio no cumpla con la orden judicial.

El Alcalde aseguró la semana pasada que entregará toda la documentación requerida al Juez, incluyendo un informe con las novedades surgidas en el proceso. Mientras tanto los comerciantes esperan que se garantice el cumplimiento de la sentencia judicial y se brinden respuestas claras sobre el futuro del proyecto.