Los exconsejeros Augusto Verduga, Yadira Saltos, Nicole Bonifaz y Eduardo Franco Loor son investigados por una presunta asociación ilícita en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La Fiscalía publicó el 15 de marzo en su cuenta de X supuestos chats en los que aparecen los seudónimos de los involucrados, donde, según la entidad, se planificaban estrategias para designar autoridades, presentar carpetas y ocupar cargos. Miguel Cumbicus, analista jurídico-político, explica que las autoridades tendrán 90 días para comprobar los indicios presentados.

El analista considera que este caso podría impactar en el ámbito electoral, ya que el proceso judicial se desarrolla a pocos días de la segunda vuelta, en la que está involucrado uno de los movimientos políticos mencionados en la investigación.

La Fiscalía sostiene que los investigados usaban seudónimos para coordinar sus estrategias y que en el caso estarían implicados diversos políticos y expolíticos. Sin embargo, Byron Enríquez, analista político, señala que este hecho tiene más tintes políticos que judiciales, dada la coyuntura actual del país.

El juez del caso ordenó la presentación periódica cada 15 días y prohibió la salida del país para los cuatro procesados. Además, dispuso la retención de sus fondos como medida para garantizar el pago de una posible multa.