A la espera de que la Corte Constitucional ejecute la sentencia en el caso Furukawa se encuentran 349 personas, las cuales, según el organismo, sufrieron esclavitud moderna por parte de la compañía abacalera, que tiene 23 haciendas distribuidas en las provincias de Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos, Esmeraldas, y otra en el noroeste de Ecuador, explicó Juan Carlos Pérez, director provincial de la Defensoría Pública.

De esta cantidad, la Defensoría Pública de Santo Domingo de los Tsáchilas apoyó a 22 personas, de las cuales solo 2 serán compensadas con $120 mil en caso de que no se acepte el recurso de ampliación y aclaración solicitado por los abogados de Furukawa, señaló Jonathan Vera, defensor público, quien llevó este caso.

También se mencionó que las 20 personas que no contaban con la evidencia respectiva tendrán que volver a presentar otro proceso judicial.

La Defensoría Pública provincial señaló que aún hay muchas personas que no han sido parte de este proceso judicial, debido a que no cuentan con una identidad. Por lo cual se busca ayudarlas. Además, se aclaró que, a pesar del proceso judicial, las actividades laborales en Furukawa no se han detenido. Intentamos obtener una versión de la empresa Abacalera, pero hasta el cierre de esta nota no obtuvimos un pronunciamiento.