Quienes se movilizan en motos eléctricas temen que sean retenidas por la Empresa Pública Municipal de Transporte de Santo Domingo. Por eso, para prevenir una posible vulneración de Derechos, la concejal Liliana Silva llegó hasta el Consejo de la Judicatura para presentar un recurso Constitucional con medidas cautelares. Según este documento, se debe resolver y aceptar la acción ante la  inminente amenaza a los Derechos a la Propiedad, Seguridad Jurídica, Igualdad Formal, Igualdad Material y No Discriminación, Derecho al Debido Proceso en la Garantía de Motivación.

Con este recurso jurídico, quieren que se suspenda todo proceso de retención y chatarrización de las motos eléctricas que circulan en el cantón Santo Domingo.

Pablo Zambrano respalda estas acciones ya que a él hace un mes le retuvieron su moto eléctrica, pese a que no existe una norma que los regule. Espera que la Ordenanza que se tramita al interior de las comisiones del Concejo Municipal no limite el acceso a estos vehículos.

La mayoría de las personas que utilizan estos medios de transporte son madres de familia que llevan a sus hijos a los centros educativos, añadieron quienes se sienten perjudicados.

Según los importadores de motos eléctricas, ante el anuncio a través de un video difundido en redes sociales el 6 de septiembre, que mencionaba que estos artículos estaban prohibidos; las ventas iban de unos 140 scooters e incrementaron un 25% cada mes, pero ahora van a la baja.

Según ha mencionado la Empresa de Transporte, en las últimas semanas se han retenido cerca de 200 vehículos eléctricos, sin embargo, los demandantes dudaron de estas afirmaciones. Como medio de comunicación hemos solicitado a esta entidad se permita verificar que estos medios de transporte estén en los patios de retención vehicular de dicha institución, pero no ha sido posible.