La minería ilegal crece en el país. Según la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables, en los últimos cinco años, al menos en 19 de las 24 provincias del país se registra esta actividad.

Las más afectadas son Esmeraldas, Imbabura, Napo, Orellana, Azuay, Zamora Chinchipe, Loja y El Oro. Los datos de la Agencia de Regulación y Control señalan que en el primer semestre del 2024 hubo 495 intervenciones en zonas conflictivas.

Hasta junio del 2024 se incautaron 41 480 kilos de material obtenido de minería ilegal. En el 2023, las incautaciones sumaron 150 720 kilos. Mientras que en el 2022 se alcanzó un pico de 1,3 millones de kilos de material.

Estos valores son ínfimos frente a lo que se logra obtener de las minas ilegales. El crecimiento de la actividad está directamente ligado al crimen organizado. Por ello, en enero del 2024, el Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe) declaró a esta actividad como una amenaza para el Estado.

Según el Observatorio de Crimen Organizado, las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas están expandiendo su cartera de servicios a otras actividades. Una de ellas es la minería ilegal, que les permite lavar con mayor facilidad el dinero de la droga.

Informes recabados por el portal Código Vidrio dan cuenta de que el grupo catalogado como terrorista Los Lobos tiene relación con esta actividad en siete de las 24 provincias del país.