Heridos, retenidos y vehículos incinerados son algunos de los hechos que dejan los enfrentamientos entre civiles y miembros de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas en medio del rechazo a la minería en la parroquia Palo Quemado, provincia de Cotopaxi.

Las protestas e incidentes tuvieron mayor intensidad el 11 de marzo del 2024. Comuneros y organizaciones sociales se congregaron para rechazar la consulta ambiental para el proyecto minero de La Plata, a cargo de la empresa canadiense Atico Mining.

En este marco, el Ministerio del Ambiente confirmó con un comunicado su intención de llevar adelante el proceso de consulta en el área de la concesión minera, donde se prevé existe un yacimiento de oro, plata y cobre.

Durante estas manifestaciones se empezaron a registrar hechos violentos con la presencia de policías y militares, que resguardaban el lugar para llevar a cabo el proceso de socialización. Por ello, desde el Gobierno se aumentó el contingente de las fuerzas del orden con el objetivo que «el derecho de las comunidades de la zona de influencia directa a ser informadas y consultadas, sea respetado», según indicó el Ministerio del Ambiente.

Sin embargo, una semana después la situación se tornó más tensa y violenta, entre los uniformados y comuneros. Incluso, el Frente Nacional Antiminero y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) denunciaron «represión» y «violación de los derechos humanos«.

¿Represión o uso legítimo de la fuerza?

Las organizaciones sociales indicaron que los hechos violentos fueron producto de una represión de alrededor de 500 policías. Producto de lo cual varios civiles resultaron heridos con balas de goma, perdigones y bombas lacrimógenas.

Mientras que la Policía afirmó que durante la socialización de la consulta un grupo de ciudadanos atacaron a funcionarios del Medio Ambiente, asistentes y uniformados. Por lo que, «en uso legítimo de la fuerza se empleó material disuasivo con el objetivo de restablecer el orden».

Sobre estas acciones, el Gobierno aseveró que «la fuerza pública en el uso de sus competencias ha salvaguardado la integridad de la ciudadanía» y «han actuado con apego y respeto irrestricto a los Derechos Humanos.

Uniformados y civiles heridos

Tras estos enfrentamientos dos policías y 15 civiles resultaron heridos, tres uniformados fueron liberados y también se retuvo a un presunto agresor. Además, dos vehículos particulares fueron incinerados.

Hasta las 07:46 del martes, el Ministerio de Gobierno aseveró que se registró un ciudadano afectado por uso inadecuado de pirotecnia y dos uniformados heridos.

La Policía indicó que los uniformados afectados se encuentran estables. Mientras que el Frente Nacional Antiminero confirmó que siete civiles se encuentran graves con quemaduras en sus rostros, brazos y piernas.