BANCO CENTRAL ADVIERTE DÉBIL SITUACIÓN FISCAL
El Banco Central de Ecuador (BCE) llamó a elevar el IVA (impuesto al valor agregado) y a focalizar los subsidios a los combustibles para reducir el déficit fiscal y sostener la dolarización del país presente desde el año 2000, tras haber perdido en los últimos dos años prácticamente la mitad de sus reservas internacionales.
La institución rectora de la política monetaria en Ecuador respaldó así las dos principales iniciativas propuestas del presidente Daniel Noboa para contener el desbalance fiscal del Estado.
Según cifras del Ministerio de Economía, citadas por el BCE en 2023 el desbalance bordeó los 5 800 millones de dólares de déficit, equivalente a aproximadamente el 5% del producto interior bruto (PIB).
El BCE hizo este llamamiento este lunes 5 de febrero en la víspera del debate que sostendrá el martes el pleno de la Asamblea Nacional para evaluar la propuesta de Noboa de elevar el IVA del 12 % al 15 %, lo que puede suponer unos 1 300 millones de dólares adicionales de recaudación para el Estado.
Si bien la medida cuenta con la oposición de organizaciones sociales y sindicatos, así como del correísmo, que es la primera fuerza política en el hemiciclo, el Banco Central remarcó que «no afectaría de forma significativa a las familias más pobres dado que el 90% de los alimentos de la canasta familiar básica (CFB) y el 63% de los productos y servicios que la componen no gravan IVA».
Asimismo, consideró que este incremento tendría un efecto marginal en la inflación y situaría a Ecuador más cerca del promedio regional de este impuesto, pues actualmente el país tiene la segunda menor tarifa de Latinoamérica, sólo por encima de Paraguay (10%).
El Banco Central también se mostró a favor de focalizar y segmentar los subsidios a los combustibles hacia las familias más vulnerables y reducirlos o eliminarlos a grandes empresas y sectores más acomodados que supone un gasto anual para el Estado de unos 3 200 millones de dólares.
«La evidencia demuestra que este subsidio favorece de manera desproporcionada a las personas de mayores ingresos y permite el contrabando de combustible y la producción de sustancias estupefacientes», aseveró la institución financiera.