El comunicado de la Agencia Nacional de Tránsito, con fecha 11 de octubre, hace referencia a la sentencia emitida por el Juez de la Unidad Judicial Penal en Santo Domingo, sobre la suspensión de los radares. En tal virtud señalan, que en cumplimiento de la decisión legítima de la autoridad competente, la sentencia ha sido notificada a las partes. Así como también expresa que la institución ha tomado las medidas legales que le corresponden en virtud de sus derechos y responsabilidad. Ángel Chum, abogado experto en tránsito, explica que esta versión oficial de la agencia, debe ser acogida de manera inmediata por los GAD Municipales y Empresas Públicas de Transporte del país, sin embargo, en Santo Domingo, no se ha emitido ningún pronunciamiento hasta el momento.

Los transportistas por su parte, no tienen muchas expectativas frente a la decisión que se pueda tomar en esta acción de protección planteada por la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Interprovincial de Pasajeros del Ecuador (Fenacotip). Fernando Ortiz, presidente de la Confederación Nacional de Transporte Pesado, afirma que los radares son negocios que manejan mucho dinero por lo que muy difícilmente se vería comprometido su funcionamiento de manera definitiva por un juez.

A lo que se suma la preocupación por la inseguridad en las vías estatales. Muchos transportistas consideran que el gobierno nacional se ha despreocupado de la seguridad en estos ejes. Los asaltos y secuestros no cesan, y aparte, deben preocuparse por no exceder la velocidad para evitar ser sancionados, Mauricio Benavides, transportista pesado, dice sentir un “doble atraco”.

Cansados de la inseguridad, conductores del transporte pesado realizaron un paro en la entrada al Puerto Marítimo, en el sur de Guayaquil, la mañana de este jueves. Colocaron sus vehículos en la avenida 25 de Julio y bloquearon una bodega para impedir la salida de unos 500 cabezales. Las bases de este gremio se sumaron de a poco en apoyo a esta acción por lo que incluso se analiza replicarla en otras ciudades del país, para exigir seguridad.