Pasada las 4 de la tarde de este miércoles, el juez de la Unidad Judicial Civil de Santo Domingo, Germán Acurio, emitió su fallo, negando el pedido de medidas cautelares solicitado por la Defensoría del Pueblo, en torno al pasaje que cobran los transportistas desde el primero de septiembre. No obstante, según el concejal Julio César Calero, esta decisión no significa que exista luz verde para que los conductores cobren los $0,39, si no que se hizo hincapié en que es el municipio quien debe regular la tarifa.

Sin embargo, al revisar la sentencia, hallaron irregularidades. El escrito hace referencia al tribunal de Imbabura, lo que para Lenin Sánchez, Defensor del Pueblo, debe ser controlado por el Consejo de la Judicatura.

También existe preocupación por la inactividad de la Empresa Pública Municipal de Transporte, entidad que debe realizar los controles y aplicar las sanciones a las operadoras.

Mientras tanto, la Defensoría del Pueblo prepara una acción de protección para la siguiente semana. Hasta entonces, la ciudadanía seguirá pagando un pasaje que según las autoridades cantonales es ilegal, pero que por necesidad de movilizarse, cancelan.