A lo largo de los ejes viales dentro del cantón Santo Domingo se ubican 30 radares. Estos dispositivos sirven para medir la velocidad a la que se trasladan los vehículos. En los casos que se supere el límite de velocidad establecido por la Ley de Tránsito emite la notificación respectiva y genera la sanción económica al propietario del automotor, que puede ser desde 135 dólares hasta un salario básico de 450 dólares. Para muchos conductores que transitan a diario por estas vías, se trata de sanciones muy altas. 

La distribución de estos dispositivos en las vías estatales también resulta ser una molestia para los conductores. Por ejemplo. En la vía a Quito, dentro de la zona urbana, hay dos radares y en algunas ocasiones han provocado que la delincuencia aproveche la circulación vehicular para operar. 

A la altura del Complejo Ramia, existe un radar cuyo panel ha sido dañado por malos ciudadanos. El radar sí funciona, pero los conductores no pueden ser advertidos. 

La Empresa Pública Municipal de Transporte informó que este daño debe ser reparado por el Consorcio Vial de Santo Domingo, que es el aliado estratégico a cargo de los radares. Esta empresa obtiene el 48% de los ingresos generados por el cobro de multas en los radares, mientras que la empresa pública se queda con el 52%. Álex Gavilánez, director técnico de tránsito, explicó que el monto mensual recaudado bordea los 200 mil dólares. 

Además, se expuso que si existen denuncias de personas víctimas de la delincuencia por reducir la velocidad en horas de la noche por los radares, podrían analizar la posibilidad de que estos dispositivos se enciendan por horarios.