Ante estas declaraciones, Héctor Fiallo, gerente de la institución en mención, indicó que las pruebas obtenidas por la edil son ilegítimas, por lo que instó a cerrar el acceso a la información de la empresa, ya que manifiesta que la única forma de hacerlo es a través de gerencia. Así mismo, explicó que en el Sercop está todo el respaldo de las contrataciones, capacitaciones y montos, así como las justificaciones de los procesos, apuntó que se trata de retaliaciones de la edil cuando fue funcionaria de la empresa. 

Afirmó que continuará con el proceso respectivo ante la fiscalía y presentará toda la documentación que sustente su inocencia. Sin embargo, esto ha encendido alarmas en otros concejales como Julio César Calero, quien afirma que se deben fiscalizar otros procesos como la compensación del pasaje entregada de manera mensual al transporte urbano en Santo Domingo. 

Hasta el momento, 6 de los 13 concejales respaldan la denuncia realizada por Saltos, mientras tanto avanza el proceso en la fiscalía.