El próximo presidente del Ecuador deberá tener un plan para enfrentar al menos cuatro emergencias económicas.

La situación fiscal es más compleja de lo que parece. Temas como el fenómeno de El Niño pueden complicar aún más el panorama, que se prevé, podría estar en el rango de $3.000 millones y $4.000 millones, siguiendo datos históricos de años anteriores. En ese marco, el próximo Presidente de la República debería tener ideas claras sobre cómo enfrentar un complicado mandato de año y medio. En ese sentido, Pablo Arosemena, ministro de Economía y Finanzas, aseguró que la persona que tome la presidencia de Ecuador después de las próximas elecciones ejecutivas recibirá un país con números positivos en el ámbito económico.

Kléber Carrión, director de la Cámara de Comercio de Santo Domingo, concuerda con esa postura y añade que una de las principales preocupaciones del siguiente gobierno debe ser reducir el déficit fiscal y fomentar la inversión privada interna como externa para generar empleo.

No obstante, para enfrentar el escenario post temporada lluviosa, el próximo Presidente debería tener un plan claro de financiamiento externo, y optimización del gasto público interno para priorizar recursos en donde más se necesite, explicó León Padilla, docente investigador de la Universidad de las Américas y PhD en economía.

Pero sobre todo hay un reto político y es gobernar por un año y 6 meses, proyectar soluciones económicas a largo o mediano plazo. Santiago Coronel, analista político señala que este siguiente gobierno debe ser visto como un periodo de transición que debe brindar estabilidad dentro de toda la inestabilidad que existe al momento pero sobre todo poner a funcionar el aparataje estatal de manera eficiente.

Actualmente ya comienza a escasear el financiamiento externo, y el Gobierno de Guillermo Lasso ya ha tenido que recurrir a sacar la poca liquidez interna. Durante la última semana se colocó $1.000 millones en bonos de deuda interna para financiar un presupuesto en cifras rojas, así como también se proyecta a reducir el presupuesto para los gobiernos autónomos descentralizados de todo nivel.