Más de medio centenar de personas están siendo investigadas dentro del entorno del grupo de ultraderecha conocido como Reichbürger o Ciudadanos del Reich.

Aumentan a más de medio centenar los sospechosos de planear un golpe de estado en Alemania. De momento una veintena de ellas están detenidas. Entre los detenidos hay un príncipe autoproclamado, un paracaidista retirado y un ex juez. La Policía destaca que se trata de una peligrosa mezcla de personas.

“El número de personas que se encuentran acusadas y que nosotros nosotros y el Fiscal General en particular, por supuesto, suponemos que son miembros de esta organización terrorista o colaboradores, son 54 actualmente. Ayer llegaron de nuevo 2 más. Y hemos identificado a otros individuos que aún no sabemos exactamente cuál es su relación con este grupo. Es muy posible que este número crezca aún más”, destacaba Holger Münch, Presidente de la Oficina Federal de Policía Criminal Alemana.

Ciudadanos del Reich ha estado bajo observación de la agencia de inteligencia doméstica de Alemania desde 2016. Las autoridades estiman que este movimiento poco unido tiene alrededor de 21,000 seguidores.

El canciller alemán, Olaf Scholz, consideró hoy de “especial gravedad” la presencia de una exdiputada de la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) en la presunta organización terrorista desarticulada ayer y que planeaba tomar del Bundestag (Parlamento) para dar un golpe de Estado.

“Es obviamente un caso más que notable y de gran gravedad”, afirmó Scholz, en una comparecencia junto a los jefes de los Gobierno regionales, a propósito de los registros realizados ayer en 11 estados federados, en que fueron detenidas 25 personas.

El macro operativo policial mostró “la capacidad de actuación de nuestra democracia” y la determinación de actuar “con toda firmeza” frente a esos grupos.

Entre los detenidos, 23 de los cuales ingresaron hoy en prisión provisional, estaba la jueza y exdiputada de Alternativa para Alemania (AfD) Birgit Malsack-Winkemann.

Un empresario de 71 años, afincado en Fráncfort, activo en el sector inmobiliario y conocido por difundir teorías conspirativas.

Entre los detenidos había una ciudadana rusa, cuyo cometido sería supuestamente establecer negociaciones con Rusia tras el asalto al Parlamento.

En el operativo policial participaron un total de 3.000 agentes y se registraron 150 viviendas u oficinas repartidas entre 11 estados federados.

Desde la AfD, principal aglutinante del voto ultraderechista del país y único partido de ese espectro que ha logrado hasta ahora escaños en el Parlamento federal, se calificó de desproporcionada la operación policial y se acusó a las autoridades de tratar de desviar la atención de los problemas reales.