La Asamblea Nacional aprobó este lunes 9 de noviembre la denominada Ley Antimafias, un proyecto elaborado con asesoría de Italia que reforma varias normativas para fortalecer la respuesta del Estado frente al crimen organizado. Entre sus principales cambios consta un régimen excepcional de acumulación de penas que podría alcanzar hasta 60 años de prisión, en determinados casos. La propuesta busca ampliar las herramientas penales, económicas y judiciales para combatir a las organizaciones delictivas.

La normativa reforma el Código Orgánico Integral Penal, la legislación sobre drogas, la Ley de Extinción de Dominio y el Código Orgánico de la Función Judicial. Además, establece responsabilidades penales para quienes integren, dirijan, financien o colaboren con organizaciones criminales. También incorpora disposiciones relacionadas con el reclutamiento de personas. Según expertos, estas medidas buscan enfrentar no solo a quienes ejecutan los delitos, sino también a quienes sostienen las estructuras criminales.

Otro de los componentes contempla mecanismos para proteger la identidad de los jueces que conocen causas relacionadas con el crimen organizado, cuando existan evaluaciones de riesgo. La normativa también establece sanciones para profesionales del derecho y la contabilidad que utilicen sus conocimientos para facilitar u ocultar actividades ilícitas.

La recuperación de los recursos económicos de las organizaciones criminales es otro de los ejes de la propuesta. El proyecto establece nuevas reglas para identificar, localizar, incautar, administrar y recuperar bienes relacionados con actividades ilícitas. Entre los cambios se incorpora el comiso penal obligatorio de vehículos, maquinaria, equipos, contenedores, tanqueros, plataformas, depósitos y otros bienes utilizados para cometer delitos contra la actividad hidrocarburífera.