Mediante el denominado Plan Escudo, el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura, el Ministerio del Interior y la Policía Nacional buscan fortalecer la prevención y respuesta ante amenazas que puedan afectar a estudiantes, docentes y personal de los establecimientos educativos del país, medida que quedó formalizada el 28 de agosto mediante un Acuerdo Ministerial. Según la disposición faculta a los uniformados ingresar a una institución educativa en circunstancias ya previstas por la ley, como delitos flagrantes, situaciones de peligro inminente o por orden judicial.

No obstante, la dirigencia de la Unión Nacional de Educadores cuestiona la medida. Milton Bustillos, coordinador provincial de la UNE, señaló que, para enfrentar la inseguridad, el Gobierno debería fortalecer la inversión en educación, salud y bienestar social. Consideró que también es necesario generar mayores oportunidades de empleo y sostuvo que el ingreso de uniformados a las unidades educativas podría afectar los derechos de niños y adolescentes.

Gloria Toapanta, dirigente provincial de la UNE, señaló que la situación de inseguridad en el entorno educativo es preocupante. A su criterio, el ingreso de uniformados podría generar un estado de alerta entre los estudiantes. Por ello, considera necesario implementar estrategias integrales que incluyan educación, prevención, espacios recreativos y acciones de seguridad en los alrededores de las unidades educativas.

La preocupación también se extiende hacia los docentes. Según la UNE, en el país se han registrado 10 mil casos de amenazas contra educadores, por lo que exhortan al Gobierno Central a desarrollar un plan integral. A este escenario se suma el asesinato de una docente ocurrido el 24 de febrero de 2026 en los exteriores de una unidad educativa de La Concordia.

Según datos oficiales, durante la primera fase del programa Comunidades Educativas Seguras y Protectoras se intervinieron 365 instituciones educativas priorizadas. Para la segunda etapa, la cobertura se ampliará a 450 establecimientos ubicados en 33 cantones de ocho provincias, con un alcance de más de 342 mil estudiantes y alrededor de 13.700 docentes y trabajadores administrativos.